Miguel A.García

 

 

Las aerolíneas de la Unión Europea tendrán prohibido a partir de esta semana ocultar las tasas y los cargos extra cuando anuncian sus vuelos.
La Comisión Europea dijo también que sus nuevas normas sobre servicios aéreos, dan a los países europeos más poderes para impedir bancarrotas de las compañías aéreas, que a menudo repercuten en pasajeros que se quedan varados en tierra.


"Las aerolíneas tendrán que incluir todos los impuestos y cargos en el precio final del billete (...) y tendrán que hacerlo desde el momento de publicar los precios", dijo un portavoz de la Comisión.

"Eso significa que no habrá cargos ocultos, ni tarifas o tasas ocultas, plena transparencia y la posibilidad de opciones informadas", añadió.

Los suplementos especiales, como los seguros de viaje opcionales, se comunicarán "de una manera clara, transparente y sin ambigüedades" al inicio de la reserva y no podrán aparecer premarcados, sino que deberá ser el pasajero quien los incluya a través de "su consentimiento expreso".

En este sentido, un experto del Ejecutivo comunitario ha precisado que el precio publicitado debe incluir "todos los costes que no se puedan evitar" y advertir de los pagos que puedan exigir las compañías posteriormente como, por ejemplo, por equipaje adicional en el momento de la facturación.

Otra de las condiciones que contempla el nuevo reglamento europeo es que toda discriminación tarifaria entre los viajeros, en base a su lugar de residencia o nacionalidad, queda totalmente prohibida. Así, un billete para una determinada plaza de un determinado vuelo deberá costar lo mismo independientemente del Estado miembro desde el que se adquiera.

La nueva norma sobre servicios aéreos también regula, además de la cuestión de los precios, la concesión de licencias a compañías aéreas comunitarias y la explotación de determinadas rutas como servicio público.

Para proteger a los pasajeros ante la quiebra de las empresas, las licencias de explotación podrán dejarse en suspenso o revocarse si una aerolínea no puede hacer frente durante un año a las obligaciones financieras que ha contraído o que pueda contraer. La autoridad competente podrá evaluar en cualquier momento la situación financiera de toda compañía aérea comunitaria.

Igualmente se podrá revocar o suspender esta licencia si la compañía facilita datos falsos o si los responsables de la aerolínea no presentan pruebas de buena reputación o una declaración jurada.

"Si un proveedor aéreo no puede cumplir más con sus obligaciones actuales y futuras por un período de doce meses, la autoridad suspenderá o revocará la licencia operativa", dijo el comunicado.

Las nuevas normas entran en vigor cuando las aerolíneas afrontan una mezcla de alza de los costes de los combustibles, una caída en la demanda de los consumidores y el impacto de la crisis crediticia en la liquidez bancaria.
Más de 30 aerolíneas han quebrado en todo el mundo en lo que va de año y se espera que un número similar lo haga en los próximos meses, ante la caída de los viajes en el hemisferio norte por el invierno.

Si ninguna compañía comunitaria asume o piensa asumir este servicio público, el Estado miembro podrá conceder dicha ruta en exclusiva a una sola compañía durante un periodo de cuatro años (hasta ahora eran tres años), prolongable uno más si se trata de un destino a una región ultraperiférica, como las islas Canarias.

Los criterios para la concesión de dicho servicio público se basarán en la adecuación del servicio ofrecido, los precios y condiciones que se pueden proponer a los usuarios y la compensación que tendrían que aportar los países a las compañías por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

La adopción de estas medidas, largamento demandadas por los colectivos de defensa del consumidor, suponen un importante avance para garantizar los derechos de los usuarios que hasta ahora estaban sujetos a la discrecionalidad de las compañías a la hora de fijar (y en muchos casos ocultar sibilinamente) el coste real del pasaje.

A partir de ahora, el coste real del viaje estará a disposición del usuario y podrá planificar su compra con la garantía de saber que no va a recibir ningún cargo no esperado, ni demandado. La competencia, pues, se basará en la comparación de datos reales y no en descifrar cuánto oculta la publicidad de cada compañía.